HIGUEY, República Dominicana.- La Oficina del Juzgado de la Instrucción en Servicio de Atención Permanente de la provincia La Altagracia dispuso este martes 18 meses de prisión preventiva contra los implicados en la tortura y muerte de un niño de ocho años en Verón, Punta Cana.
El juez Francis Dilone Reyes, además, declaró complejo el caso contra Carmen Jiménez, tía y quien estaba a cargo del menor, y su pareja, González Valentín Rojas.
El caso es investigado por los fiscales Claudia Garrido, Silveria Poueriet, Hendrich Ramírez, Aneurys Castillo, Alba Mota y Víctor Camacho.
El menor fue llevado sin signos vitales al hospital de Verón por su presunta verduga y su pareja, quien fueron detenidos y entregados el lunes al Ministerio Público.
El cuerpo presentaba 147 heridas y seis pérdidas dentales, producto del maltrato.
Jiménez, supuestamente, admitió que había torturado al niño durante varios días, debido a que «era muy molestoso y rompía cosas en la casa».
Dijo que utilizó un cuchillo, un machete, un cable para amarrar a su sobrino y otras herramientas para golpearlo.
De su lado, Santiago Colomé Jiménez, padre del menor, explicó que pagaba a su hermana seis mil pesos cada 15 días para que cuidara y alimentara al niño.
Indicó que no había visto a su hijo desde principios de noviembre.
ABINADER: HAY QUE ENDURECER PENAS
El presidente Luis Abinader clamó por mayores penas en el Código Penal Dominicano (CPD) contra las personas que cometan crímenes horrendos, asesinatos y actos de tortura y barbarie, como el arriba señalado.
«Hay que endurecer esas penas», afirmó el Mandatario visiblemente afectado por el caso y ante la pregunta de un periodista que asistió a LA Semanal con la Prensa.
«Mira, hoy en la reunión sobre la Fuerza de Tarea (Conjunta) en la Policía Nacional, yo quiero decirte que no se pudo, paramos la descripción de lo que pasó con ese niño», expresó Abinader.
INVESTIGAN DIFUSION IMAGENES
La Fiscalía investigará para determinar el origen y a los responsables de la filtración de las imágenes del menor.
Para ello utilizará herramientas tecnológicas que le permitirán rastrear el origen de la filtración y tomará acciones legales contra quienes tengan las imágenes en su portal y/o las reproduzcan.
Explicó que el objetivo es garantizar el respeto a la dignidad del menor y su familia y aplicar las sanciones correspondientes a quienes violen la prohibición legal acerca de la difusión de dichas imágenes.
El Ministerio Público indicó que la divulgación de las imágenes constituye una violación a la ley.
Además, pide a la sociedad respeto a la privacidad y la integridad de las víctimas y sus familias «impidiendo la reproducción y difusión de contenidos sensibles que puedan causar más daño y sufrimiento».
