SANTO DOMINGO.-Las discrepancias en torno a la aplicación de los limitantes del proselitismo previo al inicio de la campaña electoral, han enturbiado de momento la relación entre Junta Central Electoral y los partidos políticos, estos últimos exigiendo acciones en direcciones opuestas.
Algunos de ellos, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la persona de su delegada político, Janet Camilo y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) representado en Tácito Perdomo, solicitaron ayer centrarse en cosas de mayor interés debido a la complejidad del proceso electoral que se avecina.
“Pedimos una reunión entre las partes para no perder tiempo. Hay que concentrarse en el montaje de las elecciones. Hacerle saber a la ciudadanía que se está cumpliendo la ley pero igual respetar las inversiones hechas por los aspirantes, buscar un punto medio”, dijo Camilo.
A su vez, Perdomo señaló que la JCE no debió emitir la resolución en la cual confirmaba la prohibición a la realización de mítines sin antes reunirse con los partidos.
“Estas elecciones serán las más complicadas, no es un juego y las cosas si no tienen esa gran relevancia, no deberían verse como un pugilato entre uno y el otro”.
PRM exige sanciones
A la discusión se insertó el oficialista Revolucionario Moderno (PRM) exigiendo imponer sanciones a la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por haber realizado marchas caravanas, como requisito para mantener la credibilidad de la JCE en su condición de órgano regulador de las elecciones.
“Nosotros esperamos, como PRM, que la JCE mandé un ejemplo con los dos partidos de la oposición que han realizado actividades tipo mítines en las últimas semanas”, dijo Sigmund Freund, delegado del PRM.
Indicó que la JCE estableció en su más reciente resolución que la única sanción que se puede establecer es la prevista por la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que impone de 1 a 200 salarios mínimos a aquellos partidos o dirigentes que violenten las disposiciones en lo concerniente, de manera puntual, a realizar mítines, caravanas en espacios públicos o utilizando símbolos patrios para fines electorales.
Presión Gobierno
A su vez, los del PLD y la FP coincidieron en señalar que la decisión de conservar la prohibición es de índole política. “El PLD no sale del asombro pues el mismo día que depositamos una instancia ratificando los términos de nuestro recurso de reconsideración en relación con el comunicado de admonición, se ignora nuestra petición y la respuesta fue una resolución para complacer las presiones gubernamentales”, dijo Danilo Díaz.
Señaló que la intención es sacar de las calles a los partidos de oposición mientras que el Gobierno, a través de las actividades oficiales, utilizan todos los recursos para promover la reelección del presidente Luis Abinader.
“EL PLD está impactado porque la JCE haya querido recorrer el camino del distanciamiento con los partidos por las presiones del Gobierno. Esto nos empuja en una dirección de que tendremos que ir acompañados a las elecciones de notarios”.
Mientras que Manuel Crespo de la FP, afirmó que la JCE había decidido recorrer un camino peligroso con miras al montaje de las elecciones.
“Es lamentable que la JCE pierda de vista el espíritu de integralidad con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo los artículos de las leyes que intentaban prohibir la libertad de reunión y la libertad de expresión en el sistema de partidos políticos. Es muy clara y evidente la intención de desconocer el artículo 48 de la Constitución que consagra la libertad de reunión y de organización”, declaró Crespo.
Acciones a seguir
Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo anunciaron que recurrirán las decisión de la JCE por las vías legales correspondientes. Díaz de hecho notificó que se reunirían con los partidos de oposición.
Poca creencia
Un punto a considerar y que fue resaltado por el delegado reformista, Tácito Perdomo, es que de parte de la JCE lo único que procede a continuación es colocar multas por hasta 200 salarios mínimos siendo esta, la única de las sanciones posibles contenida en la Ley Electoral 20-23 y que es “poca cosa”. El resto de las prohibiciones establecidas en la Ley de Partidos 33-18, fueron descartadas por las altas cortes.
Sobre la resolución
—1— Sustento legal
La resolución 53-23 se sustenta en la promulgada Ley de Régimen Electoral para imponer sanciones administrativas electorales.
—2— Sanciones
Las multas serían de uno a doscientos salarios mínimos.
—3— Detalles
Solo serán penalizadas las marchas caravanas y el uso de los símbolos patrios. Quedó en el aire la prohibición al uso de vallas promocionales, uno de los puntos más atacados por la ciudadanía.
“El PLD seguirá en las calles”
Política. Algunos legisladores también reaccionaron ayer a la resolución de la JCE que mantiene prohibiciones a las marchas y al uso de los símbolos patrios.
El diputado del PLD, Gustavo Sánchez, advirtió que el PLD seguirá en las calles y que con ello, no están procurando enfrentar al organismo comicial. Mientras que su compañero de bancada, Sócrates Payano, pidió a la JCE concentrarse en organizar las elecciones.
Otro de los que emitió su parecer fue José Dantés, encargado de Asuntos Jurídicos del PLD quien calificó la resolución de ilógica e irrazonable.
“Además de arbitraria pues no constituye el medio idóneo para lograr la paz ciudadana que procura”.
Representantes de partidos minoritarios pidieron cumplir la ley.
