SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a un hombre a 6 años y 6 meses de prisión por ser miembro de una red criminal de raptos exprés, con asiento en La Ciénaga.
Se trata de Iván Batista Perdomo, quien deberá pagar un millón de pesos de indemnización para la víctima.
La red, integrada, además, por 4 hombres y una mujer (de quienes se ha activado su búsqueda), se dedicaba a citar a hombres por la red social de Badoo.com, para encuentros íntimos y cuando las víctimas accedían a ir al lugar, eran interceptados por este grupo armado, que, con violencia y armas, perpetraban el crimen.
En este caso, la víctima, de nacionalidad española, de quien se omite su nombre para preservar su identidad, fue amenazado de muerte, apuntado con arma blanca y obligado a dar la clave de sus cuentas, tanto de teléfono como de acceso a los bancos, sustrayéndoles parte de sus pertenencias, así como un celular y dinero en efectivo. También, entre miembros de la red se realizaron transferencias bancarias y afectaron la libertad ambulatoria de la víctima por espacio de 45 minutos.
De igual manera, por el caso también está acusado Leudy Santiago de la Cruz Vásquez, quien, dentro de la estructura criminal, se dedicaba a la venta de celulares robados, vendiendo 15 celulares marca Iphone, valorados por más de Quinientos Veinticinco Mil Pesos Dominicanos RD$525,000.00.
Iván Batista Perdomo cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, mientras que Leudy Santiago de la Cruz cumple prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo.
El equipo técnico de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y la Unidad Antisecuestro pudieron recuperar parte de las pertenencias robadas, a través de inteligencia electrónica.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta de tribunal), Elías Santini Perera (primer sustituto de presidente) y Arisleida Méndez Batista ( miembro), acogieron la acusación presentada por el Ministerio Público por asociación de malhechores, robo agravado (con violencia) y porte ilegal de armas blanca, dictando la sentencia condenatoria y la imposición de un millón de pesos de indemnización para la víctima, quien estuvo representada por miembros de la Oficina de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El juicio contra Leudy Santiago De la Cruz está fijado para el próximo 11 de junio.
La procuradora de corte, Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, indicó que el fiscal asignado a la investigación y la litigación es el licenciado Claudio Cordero.
Detalló que la Unidad Antisecuestro desde el 2022 ha hecho frente a este modus operandi, liderado por jóvenes de entre 18 y 22 años de edad, que afecta considerablemente la paz y la libertad ambulatoria de las víctimas.
La institución recordó que la pasada semana el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a los acusados Enmanuel Antonio Almarante Medrano y al ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue, mientras dictó una condena de siete años de reclusión en contra de Yessica Estrella Féliz, miembros de otra red de raptos exprés, con asiento en La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional, que mantenía en zozobra a residentes en esas comunidades.
Además de la pena de prisión, a esos procesados les fueron impuestos el pago de cinco millones de pesos de indemnización a las víctimas.
La estructura criminal, igualmente, se dedicaba a citar a hombres por las redes sociales: Tinder, Grindr, Bumble y Badoo, para encuentros íntimos y una vez las víctimas accedían a visitar esos lugares, eran interceptados por un grupo de hombres armados, que le sustraían sus pertenencias, entre ellas, cadenas, guillos y anillos de oro, así como celulares marca Iphone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias, por un valor aproximado de un millón de pesos.
