SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso esta tarde 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al exdirector del Intrant, Hugo Beras y a Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam, así como a Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón.
Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres. Asimismo, dictó arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT.
Mientras que impuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
El grupo es señalado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) apresó a Jochi Gómez, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam SRL, y a Hugo Beras, exdirector del INTRANT, por las presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
El 31 de octubre del año 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, S.R.L por lo indicios de irregularidades encontrados en el contrato.
Contrataciones Públicas decidió suspender los efectos del contrato por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 de pesos.
Se recuerda que el 9 de noviembre el entonces director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Así operaba la red, de acuerdo a la orden de arresto del Ministerio Público
Para llevar a cabo el supuesto desfalco al Estado mediante el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam S.R.L. fue necesario establecer un esquema de responsabilidades distribuido entre seis personas.
El dato lo establece la orden de arresto emitida por el Ministerio Público, en el que el órgano fiscalizador describe las responsabilidades específicas de cada uno de los involucrados.
En cuanto a Hugo Beras Goico Ramírez, exdirector Ejecutivo del INTRANT, el MP indica que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.
Además, lo investiga por supuestamente ser clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitar la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
Es definido por el órgano fiscalizador como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con participación en la orquestación del fraude en la citada licitación.
Mientras que a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, lo investiga por participar activamente en la adjudicación irregular de contratos.
«Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados», dice el documento del MP.
Sin embargo, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Director de Tecnología del INTRANT y además encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude.
El MP sostiene en la orden de arresto que este implicado facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que, según el documento público, no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
«De igual modo adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado y tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos», señala el MP.
En el caso de José Ángel Gómez Canaán (conocido como Johchy Gómez ), se le atribuye en ser el beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.
La fiscalía indica que es investigado por ser el principal beneficiario económico del esquema corrupto.
Dice que a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
«En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo», cita el MP.
Con relación a Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT) el MP subraya que es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.
