Desde el operativo en que cinco hombres fueron abatidos en Santiago, el 12 de septiembre, no se ha registrado en el país ningún otro «intercambio de disparos» con la Policía. La pausa, después de un año con cifras en ascenso de muertes atribuidas a la Policía Nacional, mantiene el foco sobre un fenómeno que ya era objeto de debate público y que se intensificó tras el escándalo de La Barranquita.
Ese día, una patrulla ejecutó a José Vladimir Valerio Estévez, conocido como Vladi, propietario de una barbería en el sector, junto a Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez. La Policía informó que formaban parte de una banda y que habían disparado contra la patrulla. Según el reporte oficial, un cabo resultó herido en la acción, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles sobre su estado de salud.
Familiares y vecinos de Valerio han realizado vigilias y marchas reclamando una investigación independiente. La comunidad insiste en que la versión oficial no corresponde con lo ocurrido y que las circunstancias de la muerte del barbero requieren ser esclarecidas.
La ausencia de nuevos casos contrasta con las estadísticas de los últimos meses. En los primeros cuatro meses del año, medio centenar de personas murieron en supuestos intercambios de disparos, cifra superior a la registrada en igual período del año anterior. Al cierre del tercer trimestre, las muertes atribuibles a la acción policial alcanzaban ya 170, superando las 120 del año pasado y más del doble de las 68 reportadas en 2023.
Incremento sostenido
Los datos reflejan un incremento sostenido desde la designación del actual director de la Policía Nacional, en noviembre de 2023. Luego de varios años de descensos continuos, el número de fallecidos en operativos volvió a crecer, al punto de que entre 2021 y 2024 el aumento acumulado supera el 190 %. La tasa de muertes por acción policial en República Dominicana se sitúa en 1.5 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la registrada en Estados Unidos, estimada en 0.36.
El Ministerio Público mantiene en curso la investigación sobre el caso de Santiago. Hasta el momento no se han comunicado resultados ni se han anunciado sanciones a los agentes que participaron en el operativo. La Policía informó, sin embargo, que hace unos días se entregó de manera voluntaria Ronny Abel Sánchez Morillo, alias «Mudita», señalado como supuesto jefe de la banda a la que habrían pertenecido los cinco fallecidos. Se espera su sometimiento y medidas de coerción.
Informe y ejecuciones
El Informe 2024 sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU., publicado el 12 de agosto de 2025, reiteró la existencia de denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad en la República Dominicana. El documento señala patrones ya observados en el debate local: muertes presentadas como «intercambios de disparos», falta de investigaciones independientes y transparentes y limitada rendición de cuentas en una parte de los casos.
Las muertes en La Barranquita han generado manifestaciones en la comunidad y también reacciones políticas. El presidente Luis Abinader se refirió al caso y aseguró que las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias. Enfatizó que no habrá impunidad y que la actuación de los agentes será revisada conforme a la ley.
Solo la DNCD informó un caso
Desde entonces, solo se ha reportado un «intercambio», el pasado jueves 19, que involucró a una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Un hombre identificado como José Alfredo Santana de los Santos, de 38 años, fue abatido en horas de la tarde tras, supuestamente enfrentar con un arma de fuego a una patrulla del organismo durante un operativo en el distrito municipal La Laguna de Nisibón, en la provincia La Altagracia
