La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para mañana miércoles la audiencia de medida de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci, señaladas como responsables de la muerte de la estudiante Stephora Joseph, ocurrida durante una excursión escolar.
El aplazamiento fue solicitado por los abogados querellantes, quienes buscan introducir formalmente una acusación adicional tras asegurar que el expediente presentado por el Ministerio Público contiene múltiples irregularidades. Según afirmaron, el caso amerita prisión preventiva y no una garantía económica, debido a que la muerte de la menor estuvo marcada por presunta negligencia y falta de atención oportuna.
Los representantes legales también cuestionaron la actuación del centro educativo, afirmando que hubo omisiones graves, como la falta de auxilio inmediato a la niña cuando se estaba ahogando, así como la alegada decisión de una de las empleadas de llamar primero a la directora y no al 9-1-1 luego de que la menor fuera sacada de la piscina.
Asimismo, expresaron preocupación por un supuesto esfuerzo por proteger los intereses del colegio, el cual —afirman— no figura como imputado a pesar de su responsabilidad institucional en la excursión donde ocurrió la tragedia.
Mientras tanto, la fiscalía, encabezada por la magistrada Olga Dina Llaverías, aseguró que la investigación se está llevando con rigurosidad y que se procurarán sanciones ejemplares, al tratarse de un hecho que, según puntualizó, “no debió ocurrir”.
Los abogados de la familia de Stephora también solicitaron acceso a los videos del levantamiento realizado en la hacienda Los Caballos, donde permanecieron las autoridades por aproximadamente cuatro horas tras el suceso.
La audiencia continuará mañana en horario matutino, donde se conocerá la medida de coerción contra las imputadas Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela González, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.
