Manifestantes que este viernes se lanzan a la calles en contra de la reforma laboral propuesta por el presidente, Javier Milei, han sufrido varias formas de represión.
Imágenes de medios locales muestran cómo los uniformados empujan, patean y corretean a las personas que rechazan la modificación de la ley, que podría recibir una segunda sanción en el Congreso. El instrumento jurídico es considerado como un retroceso a las conquistas de los trabajadores.
Un escenario que incluso alcanzó a dirigentes de izquierda. «Me golpearon, me tiraron gas a mí, queremos que se pueda realizar la protesta sin represión», afirmó el diputado Nicolás del Caño.
«Están sacados los policías, violentos, la protesta es más que legítima. Lo que estamos haciendo es reclamar. La Policía te encapsula porque [la exministra de Seguridad Patricia] Bullrich colonizó con su ideología a las fuerzas», dijo, por su parte, la ex candidata presidencial, Myriam Bregman.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el reciente cierre de la empresa FATE, que dejó sin empleo a casi 1.000 trabajadores. La histórica compañía alegó que la clausura era inminente por las políticas de apertura comercial que ha anunciado el Ejecutivo, lo que le haría imposible competir con las importaciones.
Hasta ahora, los descontentos intentan cortar las principales vías de la capital, Buenos Aires. Sobre la avenida Corrientes, medular para el tráfico, el cordón policial no solo procura bloquear la acción, sino que ha lanzado gas pimienta a los manifestantes para hacerlos retroceder. El uso de porras también se ha visto en algunos videos compartidos por la prensa local.
Según La Nación, hay caos general de tráfico debido a los cortes en la emblemática avenida 9 de Julio por la protesta. La movilización de esta jornada ha sido impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una organización que reúne a gremios de transporte, estatales y movimientos sociales.
¿Por qué es una reforma polémica?
Durante décadas, Argentina fue considerado uno de los países latinoamericanos con los mayores derechos laborales, pero muchos de estos podrían ser derogados si se da luz verde a la reforma.
El proyecto volvió al Senado, que ya lo había aprobado antes, por las modificaciones acordadas en Diputados. Entre los artículos cambiados figuraba uno que establecía el cobro reducido para el trabajador, en casos de padecer enfermedades graves. Ante la indignación de la opinión pública, el oficialismo dio un paso atrás con ese pasaje de la reforma.
No obstante, hay cosas que siguen en pie. Por ejemplo, si el presidente promulga la ley, las indemnizaciones serán más bajas porque solo se tomará en cuenta el salario y no se computarán aguinaldos, vacaciones ni ninguna otra prestación, como ocurre actualmente.
Indemnizaciones en varias cuotasSi el patrón pierde un juicio laboral, podrá pagar las sentencias reparatorias en seis o 12 cuotas y no en un solo importe, que es lo que le convenía al trabajador afectado.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), a partir de aportes que antes iban directo al sistema de pensiones y jubilaciones, y que ahora se usarán para indemnizar a los trabajadores en caso de despido. Esto beneficia a las patronales, ya que no tendrán que cubrir por su cuenta este derecho laboral.
Vacaciones partidasLa ley también elimina la obligatoriedad de que los trabajadores descansen un mínimo de 14 días entre el 1 de octubre y el 30 de abril, lo que se estableció anteriormente para que pudieran vacacionar durante el verano austral.
Ahora, en cambio, el empleador podrá autorizar las vacaciones a lo largo del año acorde con las necesidades de rotación de la empresa, y solo estará obligado a otorgarlas en verano cada tres años, además de que podrá partirlas en periodos de siete días.
Abajo estatutosLa ley también echó abajo los estatutos que protegían los derechos laborales específicos de periodistas, viajantes de comercio, peluqueros, personal de artes gráficas y choferes particulares.
A los trabajadores de aplicaciones digitales (mensajería o transporte), en tanto, se les negó el derecho a ser reconocidos como empleados en relación de dependencia, lo que implica que las empresas no tienen que brindarles ninguna protección.
Adiós, horas extraLos empleadores tampoco tendrán que pagar horas extra, puesto que se creará un ‘banco de horas’. Bajo ese mecanismo, se permitirá que el tiempo adicional quede como «saldo a favor» del trabajador, que lo cobrará con días libres o jornadas reducidas, no con dinero.
Esa modificación implica un cambio meridiano, ya que en la actualidad cada hora extra se paga con un 50 % más de salario si se trabaja de lunes a viernes, y un 100 % en feriados y fines de semana.
Jornadas de hasta 12 horas diariasPor otra parte, la ley actual establece un máximo de 48 horas de trabajo a la semana, con un límite diario de ocho diarias, siempre que no sean labores de riesgo en las que se aplican jornadas reducidas.
Aunque ese límite máximo semanal se mantiene, las empresas podrán exigirles a los trabajadores que cubran jornadas de hasta 12 horas diarias.
Límites y sanciones por ejercer el derecho a huelgaEl derecho a huelga es uno de los más afectados porque aumenta la lista de servicios esenciales, que deben garantizar una prestación mínima del 75 %. Antes se refería a salud, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo, pero ahora incorpora telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios.
Las fuerzas de Seguridad, en tanto, no tendrán derecho a huelga porque en todo momento deberán prestar el 100 % del servicio.
Para realizar asambleas, los trabajadores sindicalizados tendrán que pedirle autorización a los empleadores y ese tiempo se les descontará de su salario. Además, los bloqueos o tomas de fábricas se convertirán en «infracciones muy graves».
