SANTO DOMINGO.– La aplicación de las disposiciones del DR-Cafta sobre el comercio de arroz ha generado nuevas diferencias entre República Dominicana y Estados Unidos, principalmente por el tratamiento que reciben las importaciones del cereal estadounidense.
El desacuerdo se centra en el esquema establecido por el Decreto 693-24, mediante el cual República Dominicana autorizó la entrada de hasta 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense sin arancel, mientras que las importaciones que superen ese contingente están sujetas a un arancel de 99 %.
La posición de Washington es que, conforme al calendario de desgravación establecido por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), el arroz estadounidense debía alcanzar el libre acceso al mercado dominicano a partir del 1 de enero de 2025.
El señalamiento aparece en el Informe nacional de barreras al comercio exterior 2026, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cuestiona la permanencia de restricciones arancelarias para las importaciones de arroz procedentes de Estados Unidos.
De acuerdo con la interpretación estadounidense, República Dominicana debía eliminar los aranceles agrícolas previstos en el acuerdo una vez concluido el período de transición. Washington sostiene que el mantenimiento del contingente y del arancel de 99 % para las cantidades adicionales no se corresponde con esos compromisos.
Por su parte, el Gobierno dominicano ha defendido la protección del sector arrocero nacional, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y para la economía de numerosas comunidades productoras.
El arroz tiene una amplia presencia en el territorio dominicano y su cadena productiva involucra a agricultores, trabajadores, factorías, transportistas, comerciantes y proveedores de insumos, entre otros actores económicos.
El debate, por tanto, va más allá del precio de las importaciones. Una apertura total del mercado podría aumentar la competencia para los productores locales, mientras que mantener mecanismos de protección puede generar cuestionamientos por parte de Estados Unidos respecto al cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por República Dominicana.
Hasta el momento, Washington ha indicado que continúa abordando el tema de manera bilateral con las autoridades dominicanas.
La diferencia representa uno de los principales asuntos comerciales pendientes entre ambos países y coloca al sector arrocero en el centro de una discusión en la que confluyen cumplimiento de acuerdos internacionales, protección de la producción nacional y seguridad alimentaria.
