SANTO DOMINGO.– La inversión anunciada para construir y rehabilitar instalaciones deportivas en distintas provincias vuelve a poner sobre la mesa una pregunta importante para las comunidades: cómo garantizar que los recursos públicos se traduzcan en espacios disponibles, seguros y útiles para la población.
El Gobierno informó que el programa contempla 40 instalaciones deportivas en 15 provincias, con RD$2,000 millones procedentes de recursos recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores. Posteriormente, las autoridades indicaron que el monto total ascendía a RD$2,232 millones, incluidos recursos adicionales gestionados desde la Presidencia.
Durante la presentación de los resultados, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló que 26 de los 158 municipios del país no contaban con instalaciones deportivas, mientras que otras estructuras presentaban condiciones deficientes.
La inversión y las necesidades locales
Los datos divulgados reflejan que, además de construir nuevas instalaciones, existe la necesidad de recuperar espacios que han perdido funcionalidad y de atender comunidades que carecen de lugares apropiados para practicar deportes.
Para niños, adolescentes y jóvenes, disponer de canchas, estadios y complejos en buenas condiciones puede facilitar la participación en actividades organizadas y ampliar las opciones de recreación.
Sin embargo, la construcción representa solo una parte del proceso. El mantenimiento, la seguridad, la disponibilidad de entrenadores y la programación de actividades son factores que determinan si una instalación termina siendo aprovechada por los residentes.
La transparencia debe acompañar la ejecución
Las autoridades informaron que una comisión de veeduría supervisaría aspectos relacionados con las licitaciones y la ejecución de las obras.
El seguimiento público deberá permitir conocer qué proyectos se terminan, cuáles son sus costos finales y de qué manera se distribuyen las oportunidades entre las comunidades beneficiadas.
La inversión constituye un esfuerzo de alcance nacional, pero el desafío será demostrar resultados concretos y sostenibles. Las comunidades necesitan instalaciones que puedan utilizar, no únicamente anuncios de construcción.
