Las 221 personas desplazadas fueron trasladadas a un alojamiento temporal habilitado por los organismos de socorro.
as intensas precipitaciones registradas hasta la madrugada de este sábado 21 de noviembre, asociadas a los efectos del Fenómeno de El Niño, provocaron nuevas inundaciones en la isla Santa Cruz, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, dejando un saldo de 221 personas evacuadas y alteraciones en el transporte aéreo.
El ministro de Infraestructura y Transporte y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Roberto Luque, informó que el punto más afectado fue el sector La Cascada, perteneciente a la parroquia Bellavista, en Puerto Ayora, donde las autoridades procedieron a evacuar de manera preventiva a 65 familias.
Las 221 personas desplazadas fueron trasladadas a un alojamiento temporal habilitado por los organismos de socorro, espacio en el que reciben asistencia alimentaria y atención médica.
Asimismo, Luque precisó que se dispuso la suspensión preventiva del suministro de energía eléctrica en las zonas anegadas para evitar incidentes mayores.
Por su parte, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, reportó que la acumulación de agua ocasionó el desbordamiento de cuatro cuerpos hídricos dentro de la isla Santa Cruz.
Retrasos en operaciones aéreas hacia Baltra
La emergencia climática repercutió también en la conectividad aérea del archipiélago, generando demoras en las operaciones del aeropuerto de la vecina isla Baltra, principal puerta de entrada turística y logística hacia Santa Cruz.
De acuerdo con los reportes operativos de este sábado, los vuelos comerciales programados por las aerolíneas Latam y Avianca desde las ciudades de Quito y Guayaquil con destino a Baltra, así como diversas frecuencias chárter, registraron retrasos de hasta cuatro horas en sus itinerarios habituales.
Ante los riesgos de desbordamientos, el Gobierno de Ecuador dispuso un plan que incluye la adquisición de ocho puentes tipo Bailey, la compra de 73 maquinarias y una inversión vial de 69 millones de dólares. Expertos señalan que estas medidas buscan proteger el tránsito de suministros y asegurar la continuidad de los servicios básicos en las zonas vulnerables.
