La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) movilizó este domingo a miles de sus afiliados en una marcha pacífica que salió del parque Enriquillo y concluyó en la Puerta del Conde, en la capital.
Al término de la actividad, Alba Reyes, coordinadora de ADESA, propuso un pacto político y social por el derecho a la salud basado en diez puntos.
Incluye, promover un reordenamiento o reforma legal e institucional del Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Social que devuelva al Estado su capacidad rectora y que garantice a la población el usufructo de su derecho constitucional por medio de la disponibilidad y acceso a servicios de salud de calidad y de sentido humano y solidario.
ADESA propone también incrementar gradualmente el gasto anual de salud hasta alcanzar al final del período presidencial 2020-2024 la inversión de un 4.5% del PIB. Con iguales condiciones, invertir en Atención Primaria el 33% del presupuesto anual de salud y adoptar cuantas medidas operativas sean necesarias para elevar la calidad del gasto en salud.
Promover un Plan Decenal de Salud que tenga como objetivo el uso racional de los recursos humanos, económicos y materiales del sistema; además de su eficiente implementación es otro compromiso que sugiere la organización.
“Esta es una manifestación de indignación y rebeldía”, proclamó la coordinadora de ADESA
“Indignación frente al empeoramiento de la crisis del sistema sanitario, cuyas dolorosas consecuencias las sufrimos cada día la inmensa mayoría del pueblo dominicano”, explicó.
Agregó que se trata de una crisis vieja que no da señales de mejoría y que se traduce en la negación de uno de los derechos fundamentales y universales: EL DERECHO A LA SALUD.
“¿Cómo no indignarse si cuando reclamamos más inversión y mejor calidad del gasto en salud el Gobierno nos responde recortando drásticamente el presupuesto destinado al sector para el año en curso, recorte cercano a 8 mil millones de pesos, si 8 mil millones?”, se preguntó la lideresa.
Lamentó que el recorte presupuestario se produjera en un momento en el que el 27% de los hospitales municipales y provinciales están paralizados debido a que sus plantas físicas aún están en reconstrucción desde hace 7 años. No se terminan por falta de dinero.
“Los hospitales del Estado, a los que están obligados a asistir dos tercios de la población, operan en condiciones muy precarias: tienen déficit de equipos e insumos para laboratorios y cirugías, necesitan con urgencia más enfermeras, más médicos especialistas, más bioanalistas, mejores condiciones laborales y mayor capacidad gerencial, no tienen ambulancias y el suministro de medicamento se pobre”.
La marcha fue respaldada por miles de personas, entre ellas líderes sociales, gremios profesionales, enfermeras, médicos y otros sectores identificados con los reclamos que hace ADESA.
En la propuesta de pacto político se resalta la necesidad de priorizar la salud dentro de los planes y las acciones del gobierno y promover el saneamiento gerencial y administrativo en las instituciones públicas de salud, en particular, erradicando nóminas supernumerarias y cualquier evidencia de corrupción, indisciplina e ineficiencia laboral.
Durante el recorrido, la multitud portaba pancartas y vociferaba consignas en favor de sus reclamos.
“Hace 20 años que compramos la ilusión que nos vendieron de que el Seguro Familiar de la Salud (SFS) nos garantizaría el acceso a servicios universales y de calidad. Pero nos engañaron” puntualizó en su discurso Alba Reyes.
“Los trabajadores formales estamos obligados a pagar un aseguramiento contributivo, gústenos o no nos guste, pero el maldito seguro no nos cubre nuestras necesidades sanitarias básicas y nos trata como clientes de tercera categoría”, dijo.
Una gran cantidad de servicios fueron excluidos del aseguramiento, otros requieren de un pago adicional para una persona asegurada acceder a ellos.
“Quienes están haciendo un negocio redondo con los seguros son las denominadas Aseguradoras de Riesgos Laborales, los laboratorios, las empresas farmacéuticas, muchas clínicas y una cantidad apreciable de médicos especialistas, entre los que se destacan aquellos famosos se hartan de decir que no aceptan ningún seguro, y otros que cobran hasta 5 mil pesos de copago”.
Esto quiere decir, dijo Reyes, que usuarios y usuarias del seguro subsidiado igual que los y las integrados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud estamos siendo víctimas de la denegación al derecho a la Salud.
Instó a la población y a sus organizaciones a integrarse más activamente a la lucha por un nuevo sistema de salud y por un nuevo sistema de seguridad social.
Tomado de El Caribe
