Santiago. La casa comunitaria de justicia del distrito municipal de Hato del Yaque, al sureste de la provincia, permanece cerrada pese a que fue equipada hace más de un año.
Se observa el letrero en un edificio, en la avenida principal, carretera Sajoma, y ante la gran cantidad de conflictos que se suscitan en la comunidad, la gente acude a la entidad y se confunde con una institución que funciona en el segundo nivel.
A pesar de que el programa funciona con la cooperación de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, es responsabilidad del Ministerio Público la selección del personal capacitado, para garantizar el buen funcionamiento de la misma y que las personas que acuden a buscar asistencia puedan recibir atenciones de calidad.
Según la dirigente comunitaria Aracelis Martínez, hace más de un año una comisión del Ministerio Público llegó al sector a realizar un levantamiento, se reunieron con el síndico Fermín Noesi y organizaciones de la comunidad, sin embargo, el proceso de apertura de servicios se ha retardado porque el personal no ha sido seleccionado.
En ese sentido se expresaron representantes de instituciones que trabajan en la defensa de la niñez, y contra la violencia de género, quienes favorecen que las autoridades correspondientes inicien la carpeta de servicios, para que la gente no tenga que trasladarse a otras comunidades de la provincia, cuando necesitan algún tipo de asistencia.
Otro de los puntos por lo que la comunidad demanda la casa de justicia, es que es una comunidad retirada del centro de la ciudad, y las personas en conflicto, por las dificultades a trasladarse pueden desistir del proceso y complicarse la situación, de acuerdo a lo expresado por Martínez.
En las casas comunitarias de justicia, se ofrecen servicios tales como mediación familiar y comunitaria, mediación en conflictos por deudas, conciliación, orientación legal, derechos humanos, orientación psicológica, entre otros.
Tomado de El Caribe
