La Vega, República Dominicana. — La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega emitió la autorización judicial núm. 2025-AJ0071635, mediante la cual se ordena el arresto del ciudadano Alexander Ramón Peña Henríquez, residente en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, por su presunta vinculación en un caso de explotación sexual infantil y trata de personas.
La orden, firmada por la magistrada Adaías Sánchez Collado el 26 de octubre de 2025, a las 11:32 p.m., responde a una solicitud presentada por la procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, en base a indicios de violación de los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396 de la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes) y la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De acuerdo con la instancia presentada, el Ministerio Público fue informado el 24 de octubre de 2025 sobre la circulación en redes sociales de un video en el que un hombre solicita a una mujer la búsqueda de una menor de entre ocho y diez años de edad, expresando su preferencia por que “mientras más chiquita, mejor”, y ofreciendo entre RD$15,000 y RD$20,000 como pago.
Las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable como Alexander Ramón Peña Henríquez, de 52 años, quien habría hecho la solicitud a una mujer que se identificó como trabajadora sexual de nacionalidad haitiana. Esta última afirmó que grabó el video tras un desacuerdo de pago y que su publicación fue accidental.
La resolución judicial ordena que, una vez arrestado, Peña Henríquez sea conducido ante el despacho del fiscal solicitante para los fines de investigación. Además, instruye a los agentes actuantes a identificarse, informar al detenido sobre el motivo de su arresto y garantizarle el derecho a comunicarse con su abogado y familiares, conforme al artículo 40.1 de la Constitución y al artículo 225 del Código Procesal Penal.
El documento también recuerda que el arresto no debe prolongarse más allá del tiempo necesario para las diligencias correspondientes, asegurando el respeto a los derechos del imputado durante el proceso.
