No resulta ocioso expresar preocupación por el uso frecuente entre funcionarios del Gobierno de la expresión “reducción del gasto público”, sin diferenciarlo del término “calidad del gasto público”, porque la primera acepción parece divorciada del preciado vocablo “redistribución” del ingreso.
La tarea de reducir el gasto público es inicialmente positiva, pero pierde significación si se limita solo a recoger déficits fiscales, sin tomar en cuenta el daño colateral que podría infringir al compromiso de distribuir los panes y peces del Presupuesto nacional con sentido de equidad y justicia.
No hay que olvidar que en términos estrictamente técnicos prevalece una diferencia entre gasto e inversión, por lo que posiblemente en el Gobierno se resalte mucho lo relacionado con conjurar el “dispendio del gasto”, pero muchas veces se confunde derroche con programas sociales o inversión útil.
La sostenibilidad fiscal debería estar vinculada siempre con mejorar los programas emblemáticos de protección social, aun en tiempos de grave crisis económica, por lo que en vez de disminuir deberían incrementarse los programas de transferencias económicas dirigidos a sectores vulnerables.
Se resalta como positivo lo revelado por el director de Presupuesto, de que el Gobierno logró reducir en casi un 50 % el gasto público durante el mes de septiembre con relación al último mes completo del anterior gobierno, pero falta saber en qué proporción ayuda a consolidar una justa redistribución del ingreso.
El presidente Luis Abinader informó que el subsidio alimenticio del programa Comer es Primero, sería aumentado de 800 pesos mensuales a 1,600 y el número de familia, de 800 mil a un millón, lo que se recibe como una buena noticia.
Más que reducción del gasto público, debería enfatizarse en mejoría o consolidación de la calidad del gasto o inversión pública, aunque se admite que para lograrlo se requiere alcanzar la primera meta, pero siempre prevalece el temor de que todo se limite a “recoger el déficit fiscal”.
No debería nunca olvidarse que la consolidación de la democracia y el retorno a la nueva normalidad pasa por un ejercicio continuo y permanente de políticas públicas que promuevan justicia y equidad social, lo que se consigue con una unidad indisoluble entre sostenibilidad fiscal y justa redistribución del ingreso.
Tomado de https://elnacional.com.do
