El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega dictó este miércoles la extinción de la acción penal en el caso contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como «Micky», y varios miembros de su familia, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La decisión fue cuestionada por la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, quien anunció que apelará tan pronto reciba el dispositivo del fallo.
Consideró que no existe justificación para extinguir el proceso, ya que se trata de un caso complejo que requiere valorar sus particularidades y no limitarse a un simple cálculo del tiempo transcurrido.
García recordó que, aunque la ley establece que una acción penal tiene un plazo máximo de cuatro años, la Convención Americana de Derechos Humanos señala que deben considerarse las circunstancias específicas de cada caso.
Además, denunció que la defensa de los acusados recurrió sistemáticamente a reenvíos y aplazamientos, lo que retrasó «intencionalmente» el proceso.
El Ministerio Público acusa a los implicados de realizar movimientos financieros por miles de millones de pesos sin poder justificar su origen.
La fiscal también destacó la contradicción de que, por la misma acusación, la esposa de Micky López, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, ya fue condenada.
Los procesados
Además de Micky López, la acusación incluye a sus hijos: José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada Ada Marie Pilarte.
Asimismo, fueron implicadas varias empresas que habrían servido como fachada para el lavado de dinero: Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto, SRL, Compañía Serví Crédito Gloria Ivette, SRL.
Según las investigaciones, los acusados movilizaron más de 8 mil millones de pesos en el sistema financiero dominicano, producto de actividades ilícitas.
La supuesta red también habría blanqueado capitales mediante transacciones financieras que hacían aparentar lícita la procedencia de los fondos, sirviendo además como sostén económico para otras estructuras criminales.
