El juez federal del Distrito de Columbia James Boasberg ordenó este miércoles al Gobierno de EE.UU. que ofrezca una vía a los migrantes deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador para impugnar sus expulsiones y defenderse de las acusaciones que los sindican de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, reporta The Washington Post.
El magistrado argumentó que existen «pruebas significativas» de que muchos de los inmigrantes enviados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no tienen vinculación con la banda criminal «y, por lo tanto, languidecen en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles incluso frívolas».
Sobre esta base, dio a la Administración Trump una semana para encontrar la manera de que «al menos 137» personas presenten sus alegaciones, aun estando bajo custodia de El Salvador.
En marzo pasado, cuando el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA, por sus siglas en inglés) para justificar la deportación masiva a El Salvador de personas acusadas de pertenecer a pandillas, Boasberg ordenó que fueran devueltas de inmediato. Las autoridades no acataron el fallo, alegando que el avión se encontraba fuera del territorio estadounidense cuando se les comunicó la decisión.
Luego, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que todos los afectados por la AEA tenían derecho a apelar ante un juez su calificación de enemigo de EE.UU., por lo que la medida de esta jornada puede interpretarse como la aplicación de ese principio a quienes fueron enviados al Cecot bajo condiciones jurídicamente cuestionables.
Boasberg aseveró que las autoridades «claramente privaron» a los migrantes de un derecho que les asistía antes de que se les embarcara en el vuelo. Ahora, sostuvo, el Gobierno debe responsabilizarse por no haberles proporcionado un proceso adecuado.
