Como cualquier pandemia, la crisis de gobernabilidad que mantiene a Haití desestabilizado y estancado ha perforado la médula ósea de nuestra soberanía, debilitando todos los resortes legales que sustentan la protección de su territorio.
Cuando un país, y este es el caso nuestro, no tiene capacidad para controlar efectivamente sus límites fronterizos y, encima de esto, permite que sus leyes de migración y residencia sean letra muerta, el principio de la soberanía nacional queda en entredicho.
En el fondo, esta es la preocupación que precisa y contundentemente expuso ayer el canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al tipificar la crisis política, económica y social haitiana como “una amenaza” contra nuestro país.
Su planteamiento más relevante fue el de que “la buena vecindad entre los dos países no puede nunca perjudicar el principio de cumplimiento estricto de la legalidad dominicana e internacional”.
De ese modo el canciller reivindicó el valor que tiene el principio de la soberanía territorial dominicana frente a las intrusiones ilegales y nocivas de haitianos y otros extranjeros, y más que nada frente a las sistemáticas presiones que se ejercen para que el país se haga de la vista gorda ante esas violaciones.
“No hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación haitiana”, ha sentenciado el canciller, reconociendo, sin decirlo tan abiertamente, que estamos expuestos a una vulnerabilidad sistémica sobre los problemas haitianos pendulando sobre la economía, la salud y la seguridad de nuestro país.
¿Se quedará este pronunciamiento como una denuncia, responsable por demás, o el gobierno dominicano adoptará, en aras del rescate y defensa de su soberanía, acciones o decisiones prácticas para proteger al pueblo de esta amenaza?
Tomado de https://listindiario.com
