La Vega.- Las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) La Vega Oeste y La Vega Este reiteraron su respaldo absoluto a la maestra Mirka Mercedes Ramírez, reclamando que las investigaciones del proceso judicial que involucra a dos odontólogos se desarrollen con total transparencia. El gremio magisterial exigió que, de comprobarse las responsabilidades, la justicia actúe con todo el peso de la ley en este caso.
La dirigencia del gremio acudió al Palacio de Justicia de La Vega para acompañar moralmente a la educadora durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción, manifestando su apoyo incondicional. La organización explicó que la docente enfrenta en la actualidad graves e irreversibles secuelas de salud tras someterse a este procedimiento odontológico.
El dirigente de la ADP, Nelson, manifestó que la institución mantendrá una posición firme en defensa de la maestra afectada por la presunta mala práctica médica. El representante sindical reclamó a las autoridades competentes que las investigaciones correspondientes lleguen hasta sus últimas consecuencias.
“Nuestra posición es clara y firme porque estamos aquí por una maestra dominicana y queremos que la justicia investigue a profundidad para sancionar a los culpables. Lo único que exigimos es que el proceso concluya con total justicia y transparencia y que los responsables respondan ante la ley”, afirmó el dirigente.
Asimismo, el presidente de la ADP en La Vega Oeste, Mario Acevedo, precisó que el sindicato magisterial no busca emitir juicios anticipados de forma irresponsable. El educador aclaró que la intención del gremio no es condenar a ninguna persona antes de que concluya debidamente el proceso judicial.
“Estamos aquí brindando apoyo moral a nuestra compañera porque lo único que queremos es que las investigaciones se profundicen para determinar las responsabilidades correspondientes. No pretendemos hacerle daño a nadie porque creemos en el debido proceso y en que los tribunales deben establecer la verdad de los hechos”, expresó Acevedo.
Acevedo explicó que Ramírez, docente del centro educativo Cristiano Til, permanece bajo licencia médica desde que fue sometida al cuestionado procedimiento odontológico en esta ciudad. El representante magisterial afirmó que la situación de la maestra es grave porque continúa con dificultades para hablar y solo puede alimentarse con líquidos.
Medida de coerción
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso presentación periódica y garantía económica a los hermanos Franklin José y William Radhamés Almánzar Escarramán. Ambos individuos son investigados exhaustivamente por el Ministerio Público bajo las graves acusaciones de presunta mala práctica médica e intrusismo profesional.
Según establece el expediente acusatorio, Franklin José Almánzar, de 51 años, habría ejercido la odontología en el país sin poseer el exequátur correspondiente. El documento detalla que el acusado realizó los procedimientos en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario de La Vega.
La investigación del Ministerio Público establece que la paciente sufrió lesiones permanentes tras el procedimiento, entre ellas daño nervioso, edema facial, parestesia mandibular y trismo. Estos daños físicos, que incluyen una herida desgarrada, constan en una certificación médica oficial que fue incorporada debidamente al proceso judicial.
Garantía económica
Como parte de la medida, el tribunal impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000 y a William Radhamés Almánzar otra de RD$20,000, ambas mediante depósito en el Banco Agrícola.
La disposición judicial establece como requerimiento obligatorio que los acusados se mantengan a disposición de la justicia durante el desarrollo del caso. Además del pago económico, ambos profesionales deberán presentarse periódicamente ante las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones de lugar.
Mientras el proceso judicial continúa su curso legal, la ADP aseguró de forma enfática que mantendrá su respaldo incondicional y absoluto a la docente afectada. El gremio reiteró que las investigaciones deben permitir esclarecer totalmente los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes sin prejuzgar a los imputados.
