El presidente Rodrigo Paz enfrenta la dimisión de dos piezas clave de su gabinete, Marcelo Salinas y Beatriz García, en medio de 33 días de movilizaciones sociales y bloqueos que exigen su salida del poder.
Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.
La renuncia de ministros ocurre en la jornada 33 de movilizaciones y bloqueos de carreteras liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas del departamento de La Paz. Los manifestantes exigen de manera unánime la dimisión del mandatario Rodrigo Paz.
Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.
Las dimisiones se conocieron luego de una reunión de coordinación interna del Ejecutivo, que reunió a los ministros con el presidente en el Palacio de Gobierno, con sede en la ciudad de La Paz.
Marcelo Salinas ejercía la dirección de la cartera de Defensa desde noviembre de 2025, un área clave que controla a las Fuerzas Armadas y la seguridad estatal. El cargo será asumido de forma inmediata por Ernesto Justiniano, quien ejercía como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Según medios locales, Justiniano —el actual «zar antidrogas»— asumiría el cargo por instrucción de la embajada de Estados Unidos para ejecutar una intervención en el Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales.
El funcionario fue operador político del presidente Paz en el departamento de Santa Cruz y recientemente visitó Estados Unidos en busca de respaldo para la lucha contra el narcotráfico. Mediante su gestión, se acordó el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Bolivia.
Por su parte, la ministra Beatriz García abandonó su puesto sin detallar las razones oficiales de su retiro ni anunciar a su sucesor. Esta doble salida agrava la crisis política en Bolivia, que ya registró la dimisión del ministro de Trabajo, Edgar Morales, el pasado 21 de mayo.
Morales dimitió tras las constantes presiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos fabriles movilizados en las calles. Las organizaciones sociales mantienen su rechazo a dialogar con el Ejecutivo, mientras el país suramericano afronta una paralización vial que afecta la economía de las principales urbes occidentales, con desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en La Paz.
Entre los principales demandas de las bases populares figuran la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien juró hace casi siete meses, la liberación de dirigentes detenidos, la anulación de anteproyectos de ley como la denominada Ley Antibloqueos y el rechazo a las iniciativas de privatización que busca llevar adelante el Gobierno.
La tensión social se agudiza tras la anulación, por parte de la Asamblea Legislativa controlada en un 93 por ciento por la derecha, de la ley que limita la declaratoria del estado de excepción. Esta paso dejó al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FF.AA.) a la represión de la protesta social ante la resistencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y demás gremios, organizaciones y movimientos sociales movilizados.
