Santiago, R.D. Diversos sectores del municipio de Sabana Iglesia denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de compra de una pala mecánica por parte del ayuntamiento, así como en la ejecución de varias obras incluidas en el presupuesto participativo correspondiente al año 2025.
Según las denuncias, el Concejo de Regidores detectó supuestas inconsistencias en el proceso de licitación para la adquisición del equipo pesado, cuya compra fue autorizada por un monto de RD$7.5 millones. Entre las observaciones señaladas figuran una presunta sobrevaloración del precio de mercado, alegadas violaciones a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y a la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones, además de cuestionamientos al manejo del Comité de Compras y Contrataciones.
Los denunciantes indicaron que el Concejo de Regidores convocó a la alcaldesa Zoila Joselyn Pichardo, a los integrantes del Comité de Compras y Contrataciones y a la empresa adjudicataria para ofrecer explicaciones sobre el proceso. Sin embargo, aseguran que ninguno de los citados asistió a la interpelación ni presentó una justificación pública por su ausencia.
Asimismo, expresaron preocupación por lo que consideran una posible sobrevaluación del equipo adquirido y solicitaron que las autoridades municipales aclaren el uso de los recursos públicos destinados a esa compra.
Las críticas también abarcan la ejecución del presupuesto participativo de 2025. Residentes del sector Don Pedro afirmaron que fueron aprobados RD$600 mil para iniciar la construcción de una casa club, pero aseguran que la obra aún no ha comenzado y desconocen el destino de esos fondos.
De igual manera, comunitarios de La Arcilla señalaron que se aprobaron RD$800 mil para la adquisición de tuberías destinadas a mejorar el sistema de agua de la comunidad, proyecto que, según afirman, tampoco ha sido ejecutado.
Los representantes comunitarios hicieron un llamado a las autoridades municipales para que rindan cuentas sobre la ejecución de estos recursos y ofrecieron explicaciones sobre el estado de las obras contempladas en el presupuesto participativo, al considerar que la transparencia en el manejo de los fondos públicos es fundamental para la confianza de la ciudadanía.
