La investigación del Ministerio Público cuenta con el apoyo de la PN y miembros de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de los Estados Unidos_
SANTIAGO (República Dominicana).- Después de 13 meses de investigación, el Ministerio Público encabezó, con la cooperación del organismo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el despliegue de más de 15 allanamientos de manera simultánea en las provincias Santiago y Puerto Plata, desarticulando otra estructurada red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad.
La Operación Discovery 2.0 implicó la participación de más de 20 fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, policía uniformada y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La operación interagencial permitió impactar tres centros de operación de la organización criminal, que simulaban ser centros de llamadas o Call Centers, donde se arrestó a más de una veintena de personas, la incautación de equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets; también vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además se ocuparon varias armas de fuego.
Con la articulación de estas agencias de investigación, el Ministerio Público logró obtener evidencias que poseen la fuerza probatoria suficiente para demostrar que los detenidos comprometieron su responsabilidad penal en violación a delitos descritos y sancionados en varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de identidad y la estafa.
También, enfrentan cargos por violación a otros articulados de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
