De acuerdo al expediente, los agentes hasta incautaron teléfonos a personas que habían grabado el hecho y a varios dueños de negocios les quitaron la grabación
Los once agentes policiales acusados por el Ministerio Público de la muerte de cinco hombres el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago, ejecutaron a las víctimas de manera directa y premeditada, según se detalla en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con el expediente, los policías llegaron al lugar a bordo de tres vehículos —un Mazda, un Honda Civic y un KIA K5 2013—, se posicionaron frente a la entrada de la plaza y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra los cinco hombres, quienes se encontraban en el área.
«Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas», indicó el Ministerio Público.
En una información enviada a los medios, agregó que lo hicieron «en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil».
Las víctimas y los policías acusados
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Los imputados son: los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Se llevaron los videos de cámaras e incautaron celulares
El Ministerio Público sostiene que, tras el tiroteo, los agentes realizaron diversas acciones con el fin de ocultar pruebas y alterar la escena del crimen. Entre estas, figura la sustracción de los DVR de vigilancia de varios negocios de la plaza, así como la incautación de celulares pertenecientes a personas que se encontraban presentes en el lugar, incluyendo uno que habría grabado parte del hecho.
En uno de los casos, según el expediente, los policías llamaron al propietario de un local que se encontraba cerrado para solicitarle acceso al sistema de cámaras. Al llegar, el comerciante entregó el DVR, que fue retirado por los agentes.
Pide prisión preventiva y declaratoria de caso complejo
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los once implicados y la declaratoria de caso complejo. La imputación preliminar incluye los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, conforme a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal.
Investigación en curso
La investigación es encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó el inicio de la investigación con el fin de establecer de manera objetiva las circunstancias del caso y proceder conforme a los resultados.
