El Movimiento Unidos Somos Más, reitera su compromiso para alcanzar garantías sólidas sobre la no explotación minera en la Cordillera Septentrional, mediante la existencia de instrumentos jurídicos por parte del Gobierno y el Congreso de la República.
De ahí la necesidad de que, aunque tenemos el compromiso verbal del Presidente, se requiere de un instrumento legal evacuado por el Congreso Nacional.
Es por esta razón que estamos demandando la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica y reconozca el enorme valor ecológico de la Cordillera Septentrional y la necesidad de su conservación.
Esas garantías son extensivas a todas las actividades que pongan en peligro la integridad y estabilidad ambiental de ese importante sistema montañoso.
Este compromiso nos obliga a exigir la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado Autopista del Ambar, para asegurar que su realización sea el producto de los estudios técnicos y científicos que aseguren la sostenibilidad ambiental frente a un proyecto de muy alto impacto, para lo cual le habíamos solicitado al Presidente la integración de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD, como instancias que gozan de una alta credibilidad en el Pueblo Dominicano, lo que aún no se ha concretizado.
Las evaluaciones de impacto ambiental son parte del ordenamiento jurídico dominicano por lo que deben ser respetadas, como garantía de que las actividades en caso de proceder, reduzcan los daños que se ocasionarían al Medio Ambiente, tanto al entorno natural, como al entorno social, aplicando las medidas de compensación ambiental necesarias.
Recordamos que las Vistas Públicas solo se pueden realizar cuando se hayan concluido los estudios de impacto ambiental que aún no se han iniciado. Es por esta razón que lo que se realizó recientemente en Santiago y Puerto Plata fueron encuentros de socialización del proyecto. Estos en sí mismo pueden ayudar a la comprensión de un proyecto, pero no pueden sustituir las vistas públicas como instrumento de gestión socioambiental y mucho menos con el Estado realizando mítines para demostrar fuerza.
